El 31 de diciembre finalizó el ERE, que según la empresa, “sólo ha sido
preciso ejecutar un 67,88 % del total”. Pero en el mes de marzo ACCIONA empezó
a despedir a trabajadores alegando causas objetivas indemnizando con 20 días 12
mensualidades. Estos despidos se han producido sin realizar una elección
objetiva de trabajadores, en total desigualdad de condiciones y siempre
afectando a un grupo determinado de empleados.
Si la empresa presenta un ERE, tiene que establecer unos criterios
objetivos (antigüedad, categoría, etc.), pero de este modo, puede despedir
arbitrariamente y a su libre elección, y lo que tampoco es tolerable es que a
unos trabajadores se les aleguen causas objetivas y se pague una indemnización
de 20 días 12 mensualidades, y en cambio, otros empleados firmen
indemnizaciones de 45 días, esto es, “las bajas incentivadas”, cuya existencia
niega la empresa pero que todos los trabajadores sabemos de su existencia. Y tampoco nos parece tolerable que la empresa
nos comunique que a los trabajadores despedidos que denuncien, en conciliación les pagarán hasta los 31 días 24 mensualidades.
Estas políticas de ajuste y recorte sólo van dirigidas a cierto grupo de
trabajadores de la empresa, excluyéndose en todo momento a mandos intermedios y
directivos, ya que hay departamentos con 2 directores (el de nuevo nombramiento
y el sustituido). Esta situación es totalmente incomprensible teniendo en cuenta
sus sueldos y todos sus incentivos (coches, dietas, etc.). Para la sostenibilidad y viabilidad de una empresa
no puede haber más directivos y mandos intermedios que trabajadores de base. Y
cuando la empresa no es competitiva o no consigue las obras a las que aspira
una compañía de este nivel, son los directivos los que deben sufrir las
consecuencias, ya que cuando consiguen beneficios para la misma también son los
que disfrutan de mayores ventajas. En estas luchas de poder precisamente se
está castigando a los trabajadores que menos poder de decisión y de influencia
tienen en el funcionamiento de la compañía.
El Comité de Zona Centro considera esta situación injusta y
desproporcionada, y por ello hemos denunciado ante la Inspección de Trabajo que
ACCIONA Infraestructuras está realizando un ERE encubierto, ya que entendemos
que ha sobrepasado los mínimos legales exigidos por la ley para presentar un
ERE recogido en el artículo 51.1 c) del Estatuto de los Trabajadores.
Hemos remitido al inspector toda la
documentación que ha solicitado y esperamos que esta denuncia llegue a buen
fin, ya que la empresa no se ajusta a derecho cuando despide a más de 30
trabajadores a nivel nacional, independientemente de los motivos que alegue.
Que se creen nuevos puestos directivos, que haya varios directores por
departamento, que los despidos sólo se centren en determinados grupos de
trabajadores o que las indemnizaciones sean desiguales, entendemos que no es
ético ni moral, pero en principio no parece que viole ninguna ley, aunque este
Comité estará muy pendiente de lo que haga la empresa, exigiéndole en todo
momento que cumpla con la legislación vigente, ya que no podemos exigirles
moralidad.
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